Wednesday, May 22, 2024

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Ante aprobación de ley de ingresos, Jalisco podría reducir el presupuesto al sector salud – El Occidental

Luego de que la Cámara de Diputados aprobará la Ley de Ingresos del 2024 del gobierno federal el diputado Salvador Caro advirtió que el sector salud de Jalisco dejaría de recibir más de cuatro mil millones de pesos si es que el estado decide no adherirse al sistema IMSS-Bienestar.

Salvador Caro dijo que la reducción del 28 por ciento del recurso en todo el sector salud de Jalisco es un golpe para un sistema que se ha venido identificando como uno de los mejores a nivel nacional, advirtió que si no mejora el ingreso el gobierno estatal tendría que absorber los faltantes.

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Dicha medida considera el legislador se trata de una presión inhumana para que Jalisco se adhiera al sistema de salud que impulsa el gobierno federal.

“Esta medida quiere que los 9 estados que todavía no forman parte del sistema nacional de salud que propone el gobierno federal que ha sido un desastre que todos los días vemos noticias de esos, se entregue a la federación y siga estas pautas, esto es algo sumamente delicado” Señaló Salvador Caro, Diputado Federal.

El diputado Federal dijo que Jalisco debe de mantener su sistema de salud a como dé lugar y que por ello se está presionado en el Senado para que se revise la ley o se emitan normas complementarias que permitan dejar a salvo a los jaliscienses de caer en lo que considera un sistema ineficiente como ha demostrado ser el que administra el gobierno federal.

Además, Salvador Caro aseguró que con la aprobación de la ley de ingresos las tasas de interés tendrán un aumento por el endeudamiento del gobierno para el próximo año.

Las tarifas de vuelo de las líneas de bajo costo se incrementarán entre un 10 y 15 por ciento a partir de la reforma a la ley de derechos.

El impacto de 20 pesos que se quedará el gobierno federal en los ahorros que tienen viudas o personas indemnizadas por accidentes o jubiladas que pusieron su fondo en un banco.

Y la desaparición de los fondos de seguridad para los municipios así como los recortes a los fideicomisos de los trabajadores del poder judicial que afectan a su economía.

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