Para muchas personas son evidentes las enormes transformaciones que ha tenido el consumo de información en México. Antes, las familias ponían la radio o la televisión y se enteraban de las noticias juntos mientras comían o descansaban. Hoy las noticias se comparten con el celular. Pero no sólo la ciudadanía recibe información de forma distinta ahora, el gobierno también ha cambiado su forma de comunicar. A la luz de las nuevas exigencias ciudadanas de mayor rendición de cuentas, no basta ya con las declaraciones, los informes de gobierno o los spots. Es necesario que los datos del gobierno estén al alcance de todos para analizarlos, cuestionarlos y confirmar la veracidad de las declaraciones que hacen las administraciones públicas.
En este texto exploro cómo, en plena era digital, México carece todavía de una política para generar información pública que sea accesible para la ciudadanía. También analizo cómo la mala implementación de una buena idea tiene como consecuencia hacer que la información pública sea inaccesible
Uno de los cambios más importantes en este siglo ha sido la forma cómo se consume y se piensa la información. En parte por los avances tecnológicos que lo han facilitado, pero también por cómo esos cambios han modificado cómo se entiende la información. En muchos ámbitos, el conocimiento sirve para difundirse. Esto lo confirma a diario la incontable cantidad de tutoriales, guías o cursos que hay en internet. En lo gubernamental, todos los partidos y políticos hablan de la transparencia como un valor; sin embargo, en la práctica, todavía hay personas e instituciones que ven la información como una fuente de poder y un recurso que deben cuidar con recelo.
Pensar en la información como poder, e incluso como parte del patrimonio político y técnico de los servidores públicos, es una idea caduca y en desuso. Hay varias razones para ello. En primer lugar porque los avances tecnológicos permiten acceder a la información con tan sólo unos clics. En segundo lugar, diversas normatividades, empezando por la Constitución, declaran que toda la información producida, recopilada o en manos del gobierno es completamente pública. Tercero, y más importante, es que en lo político se han hecho esfuerzos por hacer de la transparencia un valor fundamental para la democracia. Difícil resulta pensar en algún partido, política o político que no tenga a la transparencia como una parte esencial de su agenda.
Una reforma en retroceso
Pese a la promesa de tener el gobierno más transparente de la historia, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha destacado por dar declaraciones sin que los datos oficiales sustenten sus afirmaciones o inclusive a pesar de que la información pública señale lo contrario. Esta disonancia no sólo se quedó en el discurso presidencial, parece haber alcanzado la implementación de política pública. Aunque la política de transparencia, gobierno abierto y datos abiertos se promulgó a mitad del sexenio, la evidencia sugiere que fue ignorada por dependencias y servidores públicos.
En la política de transparencia destacan tres cosas. La primera es que para las dependencias públicas poco o nada importó, pues abandonaron la publicación de datos que ya ocurría antes. Tampoco hubo mejoras con respecto a los resultados de gobiernos anteriores, como documentamos en Sin Otros Datos. Lo segundo es que después de un año de haber presentado la política, la reformaron y abandonaron los esfuerzos de fomentar acciones de transparencia proactiva para promover conocimiento público útil. También se renunció a la exigencia de publicar información socialmente útil, de calidad, en lenguaje ciudadano y que propicie la rendición de cuentas. Otros lineamientos relevantes también fueron abandonados en esa reforma, tales como generar información que no contenga información confidencial, impulsar la profesionalización de los servidores públicos o fortalecer la coordinación de las unidades de transparencia con otras áreas. En el Diario Oficial de la Federación justificaron estos recortes para “simplificar [la política], facilitar su cumplimiento y optimizar sus resultados”. Efectivamente, quitar las líneas de acción más ambiciosas simplifica su cumplimiento pues hay menos tareas que hacer. Es, sin duda, una renuncia explícita.
El tercer punto que destaca de la reforma es algo que, en un principio, no parecía una mala idea. Se ordenó que las dependencias cargaran su información tanto en el sitio datos.gob.mx —la plataforma para centralizar los datos del gobierno— como en los portales institucionales de cada dependencia. Sin embargo, de nada sirve un portal de información si la ciudadanía no sabe que existe o cómo navegarlo. Por el contrario, el problema de hacer el mismo trabajo dos veces, uno en el portal institucional y otro en datos.gob.mx, se corre el riesgo de que los servidores públicos decidan publicar solamente en uno y no en los dos.
El texto de la reforma no ofrece una explicación clara de porqué se tomaron esas decisiones. Sin embargo, es relevante considerar que la información solo importa y es útil cuando está disponible. De nada sirve un portal que nadie consulta o sabe utilizar. Los centros de salud más cercanos para atender una emergencia solo sirven cuando la comunidad sabe que pueden acudir a ellos. Anunciar un programa de apoyos económicos será un fracaso si las personas no saben dónde inscribirse y cuáles son los requisitos. Si publicar esta información en dos o más portales de internet es necesario para que las personas sepan cómo iniciar un trámite o dónde está su clínica de salud más cercana, parece un esfuerzo de duplicidad de tareas que se puede aceptar, pues esa información puede cambiar vidas. Por esta razón se cuenta con publicidad en prensa, radio y televisión, si repetir el mensaje ayuda a que llegue a la gente entonces vale la pena.
El gobierno anterior apostó a que los datos estuvieran concentrados en un solo portal. Su razonamiento fue que presentar de forma homogénea la información reducía la curva de aprendizaje de los ciudadanos. Si uno aprende a navegar los datos del presupuesto, por mencionar un caso, podría utilizar los mismos pasos para acceder a datos sobre información municipal o sobre educación pública. La lógica de un único portal no es necesariamente mala.
Sin embargo, tampoco es la mejor solución para que las personas accedan a la información que necesitan. Una posibilidad es que las dependencias no entiendan el objetivo del portal y suban información sin relevancia, tal como sucede con los requisitos para realizar trámites con la cartilla del servicio militar. Estos requisitos, por ejemplo, no deberían estar en el portal de datos abiertos en tanto que hay mejores formas de comunicar la información a través de portales especializados y que no ofrecen en realidad una descripción de la realidad.
Con esto es preciso dejar en claro que la política de transparencia del gobierno de López Obrador llegó tarde, se abandonaron los objetivos más ambiciosos de la política y, al cierre de su sexenio, podemos afirmar que las dependencias o la ignoraron o la implementaron mal. Sin embargo, la propuesta tenía buenas ideas, que merecen ser exploradas a detalle.
Portales especializados: tres ejemplos
Como sociedad es deseable que el dinero que el gobierno utiliza sea en beneficio de la mayor cantidad de personas al más bajo costo. Así como el gasto del dinero público importa, también importa cómo se informa sobre él. Desde la administración anterior esta información está disponible la plataforma de Transparencia Presupuestaria, un portal que busca ofrecer a la ciudadanía una aproximación a la información presupuestal con todos sus pormenores y, al mismo tiempo, cuenta con todos los detalles posibles para que las y los expertos del tema puedan analizar a profundidad cómo se gasta nuestro dinero. Esto permite que la información sea aprovechada a diferentes niveles de demanda: por la ciudadanía en general, para conocer cómo funciona el presupuesto; y, con los datos abiertos, para ser aprovechado por especialistas de gasto público. Mientras que este portal tiene muchas virtudes, datos.gob.mx concentra no tiene información actualizada, por lo que incumple con las líneas de acción de la actual política de transparencia de mantener al día el sitio específico y el sitio general.
El portal de Transparencia Presupuestaria es un ejemplo de cómo un portal institucional puede atender las necesidades específicas del tema. Por ejemplo, ya está disponible el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) del 2024. Sin embargo, en datos.gob.mx el último PPEF que se localizó corresponde a 2018. Este caso ilustra una tensión evidente de la actual política de transparencia: duplicar los esfuerzos por tener datos actualizados en diferentes portales puede ser una exigencia imposible de satisfacer, especialmente cuando en un portal funciona bien.
También hay casos como el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Este instituto tiene el Sistema Nacional de Información Municipal, que cuenta con el directorio de datos de contacto de todos los municipios del país. También tiene información histórica de quienes han sido los presidentes municipales del país. Sin embargo, muchos de sus datos ya no están actualizados. La información sobre vivienda, educación, salud, discapacidad, migración y lenguas indígenas no se ha actualizado desde el año 2010.
Si uno revisa datos.gob.mx el INAFED no está registrado como una de las organizaciones en el portal. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación tiene una carpeta con datos del INAFED que no ha actualizado desde 2017. En este caso, el abandono de la información, tiene consecuencias en el desempeño de la institución en tanto que no se puede generar conocimiento o aprendizaje para el desarrollo municipal con información desactualizada.
Otro caso de un portal institucional abandonado es el Sistema de Información y Gestión Educativa a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En el Sistema Interactivo de Consulta Estadística Educativa se puede consultar el ciclo educativo que acaba de terminar, 2022-2023, y tienen datos desde entonces y hasta el ciclo escolar 2008-2009. Sin embargo, los datos abiertos disponibles corresponden solamente al ciclo escolar 2021-2022. En datos.gob.mx no han subido esta información.
Tener datos actualizados y en formato de datos abiertos permite conocer mejor el grado de detalle posible sobre cómo afectó la pandemia de COVID-19 a los centros educativos del país: ¿en qué estados y municipios se redujo más el número de estudiantes y docentes?, ¿dónde hubo más pérdida de docentes?, ¿la deserción escolar afectó a todos los niveles por igual?, ¿hubo diferencias por género? Todas estas preguntas podrían responderse si contáramos con los datos de ciclos escolares anteriores. La falta de estos datos ha impedido al gobierno, a la sociedad civil y a los ciudadanos conocer a mayor detalle como la pandemia afectó a la educación pública.
Principales problemas de la duplicación de portales
En general, los portales especializados no son una mala idea. Permiten atender las necesidades específicas de los usuarios y ofrecer visualizaciones o información adicional que puede ser útil tanto a la ciudadanía interesada como a los especialistas. Sin embargo, corren el riesgo de no ser localizables fácilmente.
Ahora, tener dos portales, uno especializado y otro que conjunte todos los datos, genera el riesgo de que en la mayoría de los casos solo se actualiza uno. De los sujetos obligados que analizamos en Sin Otros Datos, solamente 56 dependencias tenían algún portal adicional donde alojaban bases de datos fuera datos.gob.mx. Dicho de otra forma, solo 1 de cada 6 dependencias tienen un portal propio para publicar y difundir datos. No está claro qué explica la falta de estos portales en más instituciones públicas. En parte puede ser porque la línea de acción se limita a pedir que las dependencias carguen la información en datos.gob.mx o que no hay lineamientos claros de cuándo o cómo implementar portales específicos.
Una posible explicación a la ausencia de un portal específico podría ser la relevancia de la información o de la institución o del monto de presupuesto. Sin embargo, no pareciera ser cierto. La SEP tiene un portal específico para datos, pero la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) no. La Secretaría de Gobernación sí tiene un portal de datos abiertos (datosabiertos.segob.gob.mx); sin embargo, al momento de publicar este texto el portal conduce únicamente a información de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente.
Instituciones con poco presupuesto han encontrado soluciones para tener portales específicos como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), que generó un micrositio para compartir datos abiertos de la población indígena y afromexicana en el país. Estos datos fueron recolectados por el INEGI en el Censo 2020, pero como la información era relevante para el INPI habilitaron un espacio para difundirla. Esto evidencia que dependencias con recursos presupuestales y de personal más pequeños pueden cumplir con este mandato. Así, no queda claro cuál es la justificación para no tener portales especializados. Puede también ser una razón presupuestal o de capacidades humanas.
Sin embargo, tampoco basta con tener portales únicos. En muchos casos, puede que la información esté en un portal de forma muy clara, pero no en otro. Para el ciudadano que conoce datos.gob.mx pero no Transparencia Presupuestaria, sería imposible acceder a los datos de egresos actualizados. La información desactualizada no solo afecta a la ciudadanía sino también a otros ámbitos de gobierno. El INAFED podría ser más efectivo para cumplir sus objetivos por el fortalecimiento municipal si difundiera información actualizada.
Si la solución de política pública para construir un país informado y con acceso a los datos que el gobierno recolecta, genera y utiliza es tener un portal centralizado y uno específico por institución, es necesario que estos interactúen, y que sea claro para los funcionarios públicos cómo hacerlo. Para ello, es necesario contar con lineamientos más claros que definan qué información debe subirse en los portales. Hace falta también anticiparse a las necesidades e intereses de la ciudadanía para que tengan la máxima utilidad social posible.
Frente a los cambios en la forma que consumimos información, son menos necesarias las declaraciones o conferencias, propias de la era de la radio y la televisión. Los datos con el mayor grado de detalle son el estándar que debería primar en la discusión pública. Más información implica mejores elementos para el diálogo democrático, así como mayor capacidad para el diagnóstico de problemas y de propuestas públicas.
Licenciado en Política y Administración Pública por El Colegio de México. Consultor político en materia de transparencia y acceso a la información.