¿Se puede reducir la pobreza de manera acelerada en México? Sí. Perseguir ese objetivo debe ser prioridad nacional, clave en las propuestas y los compromisos en el proceso electoral federal del 2024. Pero para hacerlo hay que tener claro lo que eso implica: que millones de familias tengan una ruta para moverse a la clase media, con todo lo que ello implica. Los programas sociales asistenciales ayudan y son de elemental justicia social. Pero no bastan.
Por sí solos, no pueden ser el gran motor de activación de la movilidad social que se requiere para una reducción masiva, acelerada y perdurable de la pobreza. Menos aún si su planeación e implementación es deficiente y las fuentes de financiación, precarias.
Para reducir la pobreza a gran escala, como lo ha hecho un país como China, en una de las más grandes hazañas en ese sentido en la historia, la fórmula debe contener dos variables: alto crecimiento inclusivo, es decir, que genere empleo de creciente calidad y oportunidades para toda la población, y cobertura de las condiciones elementales para que todas las personas puedan aprovecharlo a fondo: salud, seguridad social, educación de calidad.
En un artículo de hace unas semanas comentaba cómo el Estado y la sociedad en México destinan cada vez más dinero a programas para atender a las personas en pobreza, pero con resultados limitados y sobre todo, precarios, es decir, sin una perspectiva firme de sostenibilidad. Más gente puede estar recibiendo transferencias gubernamentales, pero el beneficio se reduce si la cobertura de salud se deteriora, lo que no sólo puede consumir una parte mayor de sus ingresos, sino que los deja en una situación de aun mayor vulnerabilidad.
Si no hay crecimiento, y con éste más empleos, el efecto de los programas sociales queda restringido, y más aún si aumenta la brecha educativa para acceder al empleo bien remunerado.
Decíamos que todo eso queda claro en el diagnóstico del estudio de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, “Ir a la raíz de la pobreza”. Nos faltaba hablar sobre lo que podría hacerse, en concreto, para ello.
Pensemos en un modelo triple hélice. Un ganar-ganar para trabajadores, empresas y Gobierno. Ahí está la clave para erradicar la pobreza, y no sólo paliarla.
¿Qué hacemos para que haya más y mejores empleos, con remuneraciones crecientes, con prestaciones sociales que afiancen la cobertura de derechos sociales y servicios públicos fundamentales?
¿Qué para que se multipliquen y crezcan las empresas, con más acceso a crédito y recursos de profesionalización para ser resilientes, invertir, y con ello, proveer esos empleos?
¿Qué para que el Estado mexicano cuente con los recursos necesarios para consolidar un sistema de seguridad social realmente universal y asegurar la provisión de servicios de salud, educación, seguridad y justicia de calidad para todo el mundo?
Lo que propone Acción Ciudadana Frente a la Pobreza para superar “el paradigma de competitividad basada en bajos salarios” es un nuevo acuerdo laboral que “amarre” el incremento salarial con mejoras en productividad. Un nuevo pacto social.
Proponen un salario mínimo general suficiente para adquirir dos canastas básicas, así como incentivar y fortalecer las iniciativas empresariales voluntarias por el ingreso digno (que cubre una canasta digna mayor a la canasta básica del umbral de pobreza). Pero lo más importante, desde mi punto de vista, es impulsar un cambio estructural que ligue la necesidad de fortalecer la hacienda pública, el reto de formalizar al empleo y a las empresas, y la urgencia de un sistema de salud y seguridad social capaz de cubrir las necesidades de todos los mexicanos.
Una reforma de gran calado para crear un sistema de protección social universal, no condicionado al trabajo. Una estructura que cubra, al menos, el acceso universal a servicios de salud y de cuidado, como estancias infantiles, y una garantía de ingreso básico para quienes no pueden trabajar o perdieron su trabajo.
Algo similar a lo que ha propuesto desde hace años Santiago Levy, ex Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social. En esencia, romper el paradigma de la informalidad laboral y empresarial, baja productividad en al menos el 50% de la economía y una exigua recaudación tributaria que no puede resolverse simplemente aumentando las tasas impositivas, mucho menos sin efectos contraproducentes para la inversión, el crecimiento y el empleo.
Se trata de impulsar una reforma hacendaria de fondo, que por ejemplo con un IVA generalizado y quizá más alto, ofrezca a cambio ese sistema universal de seguridad social o de Estado de bienestar para todos. Una vía para impulsar la formalidad laboral y empresarial, al reducir los costos y trámites que inhiben la contratación formal.
En esencia, son las tesis fundamentales que Levy ha fundamentado en obras como “Buenas Intenciones, Malos Resultados: Política Social, Informalidad y Crecimiento Económico en México”, de 2010, y “Esfuerzos mal recompensados: La elusiva búsqueda de la prosperidad en México”, en 2018.
En 1990, cerca de 36% de la población mundial vivía con menos de 1.25 dólares al día. En 2000, los Estados miembros de las Naciones Unidas se comprometieron a reducir ese número a la mitad para 2015. El objetivo se cumplió. Ese año, la proporción cayó al 12%: más de mil millones de personas salieron de la pobreza extrema en 25 años, en una generación, sobre todo por los números de China e India. México puede hacer lo mismo, y tal vez en menos tiempo.